La salud mental en los trabajadores: El caso de los maestros de Colombia

{image}http://lh6.googleusercontent.com/-YlCAwfJbLZ4/VMZwbRAycqI/AAAAAAAAL14/Qb8cYTd_d_8/s720/jose_israel_gonzalez_blanco.jpg{/image}Históricamente, la salud mental precede en su formalización a las políticas de evaluación educativa. Para abordar la primera, tendríamos que remontarnos a  la fundación del Hospital General de San Juan de Dios de Bogotá (1564) y a la llegada al país de los Religiosos Hospitalarios de San Juan de Dios (1596). En el caso de la segunda, nos remitiríamos a finales del siglo XVIII, pero no para encontrar la evaluación sino para vislumbrar la emergencia del maestro público de primeras letras en Santa Fe de Bogotá, porque la preocupación por la evaluación como política social, al decir de la Sociedad Colombiana de Pedagogía, comienza a partir de los años 60, ya que es el punto de referencia de los países desarrollados (en particular EEUU) para introducir unas posibilidades de equiparamiento de la formación de fuerza laboral.

Los maestros se están enloqueciendo…

Esta afirmación, realizada por un docente del distrito, no hace más de tres años, llevó a la Universidad de los Andes a realizar una investigación, en el año 2005, con los educadores y directivos docentes estatales, apoyados por la Secretaría de Educación de Bogotá, acerca de las problemáticas psicosociales, los saberes y habilidades de los docentes del Distrito. La razón que emplea el autor de la aseveración, gravita alrededor de las exigencias desproporcionadas de la Ley 715 del 2001, una de ellas la implementación del Decreto 230 y en su interior la quiebra del estilo de calificación que se venía haciendo a los estudiantes, sobre todo en Educación Básica y Media, porque en primaria ya el magisterio había bebido el zumo amargo de la Promoción Automática.

La universidad apalanca el trabajo de campo en 25 colegios, escogidos por la SED, dentro de los cuales se registra la información de 562 docentes, quienes diligenciaron debidamente el cuestionario. Ese porcentaje correspondió al 2.35% del total de educadores de la capital. Otro de los instrumentos utilizado por los investigadores fueron Las Guías semiestructuradas para entrevistas y grupos focales, en las que participaron rectores, docentes y orientadores. Los contextos establecidos por el grupo investigador fueron: laboral, institucional, relacional, de población atendida y el jurídico-normativo. En este último contexto el 67.9 de los docentes concuerdan con que las difíciles condiciones de la población estudiantil atendida y la puesta en marcha del Decreto 230 “no favorecen su bienestar psicosocial”.

El no favorecimiento del bienestar psicosocial de la política enunciada, en la humanidad de los maestros y maestras, es una manifestación del quebrantamiento de la salud en general y de la mental en particular, porque la salud, según la OMS, no es solamente ausencia de enfermedad sino bienestar físico, mental y social de los sujetos. Y la salud mental no tiene que ver únicamente con el tratamiento de quienes padecen de trastornos mentales o están diagnosticados; involucra, además, la prevención de los problemas y la creación de oportunidades en donde el ser humano pueda realizarse física, mental, laboral y socialmente. La salud mental se ha definido como el estado de la salud emocional en el cual una persona es capaz de funcionar cómodamente dentro de su sociedad y en la que sus características y logros personales son importantes para él.

Pese a la contundencia de los resultados en el contexto jurídico-normativo, los investigadores, apoyados en los relatos y en las discrepancias de las versiones dadas por los entrevistados, concluyen diciendo: “En este sentido, hablan de un malestar y agotamiento generalizado que experimentan los otros, pero que rara vez dicen vivir en carne propia. A este respecto se esperaba que el cuestionario… coincidiera con el relato sobre el agotamiento generalizado que circula entre los docentes y los medios de comunicación. Sorprendentemente, aunque los participantes se mostraron críticos sobre el impacto de algunos contextos en su bienestar, prevalecen los indicadores de bienestar psicosocial.”[1]

Pero además de promulgar la prevalencia de los indicadores de bienestar, no dudan en sostener que el discurso crítico sobre el efecto que tienen las condiciones laborales en las que se ejerce la profesión docente en el Distrito, es usado a nivel sindical “para llamar la atención y lograr reinvindicaciones laborales”. Además, sostienen que tal discurso tiene un impacto negativo sobre la comunidad educativa que lo adopta, “porque se basa en imaginarios que alimentan una red creciente de desesperanza y autoconmiseración. Y, aunque reconocen que esa alocución llama la atención sobre aspectos que requieren un cambio, también son agudos al asegurar que ello contribuye a fortalecer relatos que desprestigian al magisterio frente a la comunidad general.

El malestar de unos por el bienestar de otros…


Hace más de un decenio, un estudio nacional de Salud Mental del extinto ministerio del ramo, indicaba que el 37% de la población tenía algún tipo de trastorno mental, leve, moderado o severo, precisando que la perturbación más frecuente era la depresión: uno de cada cuatro colombianos la sufría en algún grado. Un lustro más tarde, otro estudio ratifica el hallazgo y, en los actuales momentos, el porcentaje se ha elevado, por el empuje de la violencia, por el incremento de la pobreza, por el desempleo y por muchos otros factores que resquebrajan el escaso bienestar social de los colombianos. En la Web de la Fundación Santa Fé se lee: "4 de cada 10 personas tienen la posibilidad de sufrir de un trastorno psiquiátrico en el curso de la vida; 2 de cada 10 en el curso del último año y 7 de cada 10 en el último mes."

No nos cabe duda, que dentro de estos datos estamos los maestros, las maestras, los estudiantes, los padres de familia, los técnicos, los gobernantes y la gente en general. Aunque la estadística es la forma más científica de decir mentiras, uno podría decir, que en un curso de 40 estudiantes, según el estimativo, habría 10 estudiantes con depresión y en un colegio de 100 educadores habría entre 37 y 40 con algún trastorno mental. Por algo, esa misma fuente revelaba que un 32% de los niños entre 5 y 15 años deberían ser vistos por un equipo interdisciplinario. Curiosamente es la época en que la administración de Bogotá, se desarticulan los Centros de Diagnóstico y tratamiento y empieza un nuevo viacrucis la Orientación escolar.

Infortunadamente los investigadores de los Andes no se valieron de las historias clínicas de los maestros y maestras, para establecer los motivos y la frecuencia de las consultas médicas, siquiátricas, sicológicas, los tratamientos ambulatorios y de hospitalización, para consolidar los resultados del estudio, porque en los registros médicos se reportan los trastornos orgánicos y funcionales de docentes y directivos docentes. En esas fuentes primarias los galenos han dejado las huellas manuscritas de las neurosis causadas por las angustias, por el miedo, por la impotencia, por el estrés, por los trastornos de conducta, por las manías, por las emociones negativas, por la ansiedad, por el insomnio, por el estrés traumático, por la depresión, por las enfermedades físicas que muchas veces son el resultado de la somatización, producto todo esto del desgaste y esfuerzo hecho por el magisterio en pro de un mejor país, a través de la educación. También están consignados los cuadros clínicos de la esquizofrenia y de las sicosis, entre otras patologías. Datos del 2015 indican que 46 de cada 100 colombianos padece dolores crónicos y que 7 de cada 10 son incapacitados, siendo muchos de esos dolores producidos por estrés, neurosiis y sicosis. 

Los vestigios de esa sintomatología de los maestros, maestras y directivos que se atreven a consultar a los profesionales de la salud mental, son la evidencia de su preocupación por el bienestar social, cultural y familiar propio y el de los estudiantes. Si bien es cierto que son más nuestras potencialidades que las debilidades mentales y corporales, de la situación de violencia no hemos escapado. De acuerdo con el documento: Política Nacional del Campo de la Salud Mental[3] del año 2008, Colombia tiene uno de los más altos índices de violencia entre los países de América. Se calcula que el 85% se debe a conflictos cotidianos y el 15% a causas políticas. El homicidio ocupa el primer lugar entre las causas de mortalidad, según el DANE. El impacto de de los problemas cotidianos y políticos afectan negativamente la escuela al igual que los dolores y los duelos de los escolares salpicados por la presión y por la muerte de sus familiares, amigos y vecinos. 

Estos estimativos llevan a hipotetizar que el problema de la violencia no se acabará con las negociaciones en la Habana ni se ha aniquilado con los pactos de Paz, ni con las amnistías, porque no se ha tratando lo atinente al 85% de los agentes genradores de la violencia cotidiana, relacionados con la pobreza, el desempleo, la falta de educación, la impunidad, la corrupción y la injusticia. “Con o sin Farc, el narcotráfico seguirá vivito y coleando en muchas partes del país e irrigando la economía nacional. Además, no sé si habría una disminución de la violencia en la vida cotidiana. En Colombia la gente se mata por un celular y eso no tiene nada que ver con las Farc”, sostiene el profesor Eduardo Sáenz Rovner 
El desprestigio no es de nosotros…

Con base en lo expuesto y en lo que queda por referenciar, -por ejemplo el estudio realizado con los docentes de sector público de Medellín, acerca del desgaste emocional[4], el desprestigio no es del magisterio, la deshonra es para un Estado que se precia ser Social y de Derecho, que aporta menos del 0,1% de los recursos en la salud mental, por debajo de países como Uruguay y Chile que destinan el 8% y el 2,3% de su presupuesto nacional, respectivamente, es un Estado que no le apuesta la salud de sus educadores y educadoras; es un Estado, con unos gobernantes que despliegan  un discurso sobre los DDHH, esquizofrénico, sin compromiso.

El desmerecimiento es para un Estado y para una sociedad, que no valoran a sus docentes y que culpabilizan a la educación formal de todos los males, como si Estado, sociedad y familia no fuesen responsables constitucionalmente de la educación de los niños, niñas y jóvenes. El deshonor es para un Estado que legisla a espaldas de la realidad social, económica y cultural de una patria que aboga por el bienestar, por la superación del atraso y por la positivización de los Derechos Humanos. En este sentido, el estilo de evaluación actual está lesionando la emocionalidad, la intelectualidad y la salud mental de educadores, estudiantes y padres de familia. La situación se asemeja mucho al relato de la oruga y la mariposa, en la cual un humano intruso rompe el agujero para que vuele pronto la mariposa, obteniendo como resultado la parálisis del artrópodo, condenándolo a vivir por el piso a cambio de volar por los campos. La mano del Estado no debe ser para romper el agujero del bienestar, sino para ayudar a que sus gentes vuelen amparadas en el goce de derechos como la salud, la educación y la libertad.